La organización de las elecciones legislativas desató, en plena pandemia, disputas por políticas sanitarias que atraviesan a los distintos poderes del Estado. La Cámara Nacional Electoral advirtió al Gobierno en junio que era necesario que todo el personal que participe de los comicios esté vacunado con dos dosis, una exigencia que, a menos de siete semanas de las PASO, eleva día a día los niveles de tensión entre la Justicia y la Casa Rosada.
La pelea de fondo es por las autoridades que cuidarán las urnas en todo el país. La Cámara Electoral quiere que el telegrama que se le envía a las 204.000 autoridades electorales sirva como un “voucher de vacuna” que les asegure a estas personas completar su inoculación lo antes posible. El gobierno insiste en respetar al máximo el plan de vacunación nacional ya trazado para la pandemia que, para septiembre, debería tener -sostienen- a todas las autoridades de mesa vacunadas con dos dosis.
Desde la Cámara Electoral remarcaron la necesidad de garantizar que las autoridades electorales, como los presidentes de mesa, sean designados mediante un sistema aleatorio que no contemple ningún filtro, ni siquiera el de personas vacunadas porque eso -argumentan- puede condicionar las garantías de imparcialidad en el comicio.
“Llegado el momento de la realización de los comicios, y en el caso de que hubiera personas que no se han vacunado, el Ministerio de Salud arbitrará los medios para que lo hagan”, aseguró Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos en la nota a la que accedió Infobae. Es decir, si el plan de vacunación no alcanza, se podría habilitar una vacunación especial para autoridades electorales.
La Cámara Electoral dispuso el mes pasado que para estas elecciones no se podrá convocar a mayores de 55 años como autoridades electorales, una medida para evitar que los grupos de mayor riesgo ante el coronavirus se expongan a los contagios. Los mayores de 50, sin embargo, también están entre los más golpeados por el Covid-19 en este 2021. La franja que comprende entre 50 y 59 años duplicó su mortalidad este año, sobre todo, por la falta de vacunación de este grupo en el momento del pico de la segunda ola.
Además de limitar la edad máxima de los convocados, la Cámara Electoral firmó una acordada el pasado 10 de junio que ordenó la convocatoria de una tercera autoridad de mesa (siempre son presidente y suplente) ante posibles deserciones por la pandemia. Sin embargo, la vacuna asegurada también podría ser un incentivo, incluso entre los más jóvenes, para completar la pauta de vacunación que en muchos casos podría estar incompleta.
La situación comenzaría a definirse en los próximos días. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comenzó la semana pasada a enviar los telegramas para convocar a las autoridades de mesa. Pero el proceso es largo, porque incluye demoras en las notificaciones, apelaciones o rechazos, entre otros trámites. La última palabra será a mediados de agosto, cuando los comicios estén a tres semanas, el tiempo necesario para que haga efecto la vacunación.
Más allá de las especulaciones sobre lo que pueda ocurrir con la vacunación en septiembre, los números actuales le dan margen al gobierno para inocular hasta con dos dosis a todas las autoridades de mesas, siempre que se prevean los tiempos necesarios. El stock de vacunas actual es de 11,2 millones, que incluye segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca. La cantidad de autoridades electorales a vacunar es un número que los centros de vacunación de todo el país podrían concluir en un día si hiciera falta.
