Pese a que esta tarde hay una reunión por la situación de los trabajadores del ex Banco de Desarrollo, el paro provincial bancario dispuesto para el miércoles 29 y el jueves 30 se mantiene firme. En la primera jornada, será con asistencia a los lugares de trabajo; en la segunda, sin asistencia. Con los feriados por el fin de año, serán cinco días en los que no habrá recarga de los cajeros automáticos.
Este es un paro autoinflingido por el gobierno de la provincia», definió en Sergio Garzón Torres, interventor de la filial local de la Asociación Bancaria.
La reunión de esta tarde es, explicó, “puro formalismo”. Aunque adelantó que “si tienen una propuesta de solución, la escucharemos”, advirtió que «eso no va a detener el paro porque es decisión tomada».
Fabiana Gaitán, trabajadora de la entidad, afirmó: “Sabemos que no va a haber arreglo porque ellos no han hecho ninguna propuesta superadora, solamente migajas. Quieren pagar un 40 por ciento del sueldo, pero este conflicto hay que cortarlo de raíz”.
“Desde la Asociación Bancaria hemos tenido la apertura de acogernos a una conciliación obligatoria a la que podríamos habernos negado», repasó Garzón Torres, y reconoció «la buena predisposición del director de Trabajo, Carlos Coronel, para buscar una solución y un acuerdo». Pero cargó la responsabilidad en «quienes están en representación del gobierno», que a su entender «o no han sabido resolverlo o estaban esperando que nosotros, de cualquier manera, fuéramos a la medida de fuerza».
El paro provincial estuvo convocado en un principio para el 11 de noviembre pasado, pero se suspendió por el dictado de la conciliación obligatoria. El 3 de diciembre culminaba la primera etapa, se extendió por cinco días más y luego las audiencias se fueron prolongando más allá de los plazos previstos «de común acuerdo, porque estábamos en diálogo», relató el sindicalista.
Hasta que «de repente no nos atendieron más los teléfonos y no había ningún tipo de propuesta de mejora», reveló, y agregó: «Según el acuerdo, terminaría este lunes 27, pero para nosotros terminó el 22».
Este domingo se cumplieron cuatro meses desde la liquidación del Banco de Desarrollo, que el gobierno provincial decidió desguazar en dos entidades: la Agencia de Desarrollo y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (Inprojuy). En estos cuatro meses, los trabajadores se mantienen en la calle reclamando respuestas. «Vamos a continuar en esta lucha, no vamos a bajar los brazos», afirmó Gaitán, y agradeció «a los delegados de todos los bancos, que también se ponen esta lucha al hombro con el lema de que si tocan a uno nos tocan a todos, porque hoy van por nosotros y mañana van por ellos».
Desde el dictado de la conciliación, el gobierno solo pagó una parte de la deuda que mantiene con los trabajadores el ex Banco de Desarrollo. El total de lo adeudado corresponde a varios ítems.
Por un lado, desde el mes de agosto no se realizaron los aportes y contribuciones que sí retuvieron indebidamente, lo que motivó una intimación por parte del secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, a los directores del Banco de Desarrollo, del Banco de Desarrollo en liquidación y del Inprojuy, y será objeto de una demanda en lo penal económico.
A los trabajadores, de forma directa, les deben las actualizaciones salariales de todo el año, los sueldos de octubre y noviembre, ahora también diciembre, y el Día del Bancario. A los que estaban en comisión en otros organismos del Estado, les adeudan el Día del Bancario de 2020. Además, a todos, el medio aguinaldo.
La discusión de fondo es la condición de bancarios de los trabajadores de la institución en liquidación, a los que el Ejecutivo provincial pretende trasladar a la órbita de la administración pública provincial. Mientras el gobierno se ampara en una ley provincial aprobada ad hoc, desde el sindicato insisten en que esa norma es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el que habla de la progresividad de derechos.
«Un día se despertaron y dijeron ‘los compañeros del Banco de Desarrollo ganan mucha plata, entonces a partir de ahora van a dejar de ser bancarios’. Y lo decidieron de forma unilateral», graficó Garzón Torres.
Y continuó: «Lo que no cuestionaban era que el cuñado del gobernador (el presidente del Banco, Marcelo Fernández) ganaba 900 mil pesos por mes y realizó 244 viajes en cuatro años de gestión; no estaba nunca. Y el hermano del gobernador (Walter Morales) ganaba 800 mil pesos por mes en una provincia donde el sueldo promedio en ese momento era de 35 mil».
Pese a que esta tarde hay una reunión con representantes del gobierno, Garzón Torres aseguró que no hay «ninguna» posibilidad de que se levante la medida de fuerza. «La única chance es que paguen todo lo adeudado antes del lunes 27 de diciembre a las 13 horas y además, que den una respuesta sobre qué va a suceder de cara al futuro. Porque no es solo pagar. Que digan dónde van a prestar servicio los compañeros y compañeras, obviamente manteniendo su calidad de trabajadores bancarios», expresó.
«Este es un gobierno insensible –definió Gaitán–, uno de los peores que nos ha tocado. Porque no solo nosotros estamos mal, sino que muchos sectores de la administración pública también están mal. Hay gente que se queda sin trabajo, gente que fue contratada y le quieren dar un plan social. ¿Así este gobernador pretende ser presidente de los argentinos? Estaríamos peor que con Macri».
