El juez Gastón Mercau dispuso elevar a juicio la causa contra Milagro Sala en la que está acusada de haber instigado las protestas de los vecinos del barrio Campo Verde de marzo pasado por teléfono, desde su casa donde permanece detenida con prisión domiciliaria.
Los hechos que motivaron la denuncia son las protestas de los vecinos de Campo Verde del 8 y 17 de marzo pasado, en las que pretendían defender un espacio verde en el que el gobernador Gerardo Morales decidió construir una escuela. La gente pedía que la obra se hiciera en otro sector, porque ese era el único predio al aire libre en el que desarrollaban actividades recreativas, deportivas y comunitarias.
El día 8, la Policía de la Provincia desplegó un operativo represivo que motivó un posterior pedido de informes de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y un pedido de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las imágenes de la policía montada persiguiendo a niños son el símbolo de lo ocurrido en aquella jornada.
De acuerdo a la información oficial, «un grupo de personas agredió a personal policial tratando de impedir el inicio de las obras de construcción del Colegio Secundario Nº 39 en un predio que funcionaba como cancha de fútbol» y «108 policías sufrieron heridas de distinta consideración».
Milagro Sala será juzgada como supuesta “determinadora directa del delito de atentado a la autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner manos en la autoridad”.
Además están imputados los vecinos Gabriel Antonio Toconás, Víctor Fernando Puca, Héctor Hugo Aramayo y Hugo Hernán García por “atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner manos en la autoridad”. Por el mismo delito será juzgado Héctor Hugo Huespe, abogado que acompañaba a los vecinos en su reclamo.
Los abogados de Sala y Huespe, Ariel Ruarte y Migue Ángel Villagrán, respectivamente, habían recurrido el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Diego Funes; pero el juez de Control Nº 1, Mercau, rechazó las observaciones y dispuso que se avanzara con el proceso.
