Con la segmentación de tarifas y otras medidas, el Gobierno buscará en el 2022 ahorrar más de $ 300.000 millones en subsidios a la energía. Esa es una de las metas que se propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, para reducir el déficit fiscal y cerrar un acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita refinanciar la deuda.
La idea es reducir ese gasto del 2% del PBI en 2021 al 1,5% en 2022. Si se mantuviera el nivel previsto este año, se deberían destinar $ 1.203.544 millones el año próximo. Una cuenta que ahora será de $ 902.658 millones, $300.886 millones menos.
La decisión es sensible porque el costo de la energía debe ser financiado mediante subsidios o subas de tarifas. Después de congelarlas Macri en 2019, se optó mayormente por lo primero y se autorizaron incrementos inferiores a la inflación en 2021 (9% luz y 6% en el gas). Pero ahora, ante la necesidad de acelerar un acuerdo con el Fondo, el Gobierno empezó a rever sus pasos.
La interna por las tarifas que en su momento enfrentó al kirchnerismo y Guzmán parecería haber quedado atrás con el reempadronamiento de los usuarios del servicio eléctrico. La medida sirve para identificar mejor los consumos y permite afinar la “segmentación” de tarifas a futuro, una política en la que volvió a insistir el ministro en los últimos días.
Dicha partida fue en octubre una de las más expansivas: creció un 158% interanual, más del triple de la inflación en ese período y solo por detrás del gasto en obra pública. Y se supone que es una de las principales variables de ajuste en la discusión con el staff del FMI, un organismo que en las últimas semanas pidió reducir esas erogaciones en forma «gradual».
En esa línea, el Presupuesto prevé una fuerte reducción de los fondos a CAMMESA, el gasto más importante en subsidios energéticos destinado a cubrir los costos de generación eléctrica que no son atendidos por las tarifas. La empresa mayorista del sistema eléctrico con control estatal recibirá $ 609.198 millones, según cálculos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, encabezado por Claudio Lozano.
Otra de las medidas previstas es la reducción de subsidios a la empresa IEASA (exENARSA), a cargo de las importaciones de combustibles líquidos y gas natural. La asignación será de $ 348.120 millones en 2022, la mitad por ingresos operativos por venta de combustibles y el resto a transferencias para financiar la diferencia entre el precio de importación y el de venta local.
También habrá menos recursos para subsidiar la oferta de gas natural a través del programa “Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos”, que sumará $ 113.878 millones en 2022. De ese total, casi la mitad irá al Plan Gas Argentino, lanzado en noviembre de 2020, y se prevé la caducidad de la Resolución 46/2017 de la gestión de Macri, que según Guzmán permitiría ahorrar US$ 600 millones ($ 60.000 millones al tipo de cambio actual).
Ese ajuste en los subsidios supone un aumento en las tarifas, ya que dicha erogación depende del costo de la energía, la cantidad de energía y el nivel de aumentos en las boletas. Según Economía, hoy los usuarios cubren el 37% de los costos mayoristas a través del pago de las facturas y se prevé que el 43% de dichos costos sean cubiertos por las tarifas en 2022.
