El proyecto, inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”: capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.
Cristina Kirchner presidió la sesión durante los primeros 45 minutos, luego se retiró y le dejó su lugar a Claudia Ledesma Abdala, la presidenta provisional de la Cámara Alta. “Celebro que estemos sesionando. Me preocupa la agresión a la presidenta provisional, se levantaron de sus bancas faltándole el respeto”, señaló José Mayans en el inicio.
Sin embargo, cuando estaba a minutos de votarse la normativa que busca prevenir violaciones de derechos de los niños y adolescentes, la titular del Senado regresó y volvió a encabezar la sesión.
El primero de los proyectos que se aprobó durante la jornada fue el que refiere a los pliegos de los jueces designados para Santa Fe y Córdoba, con 63 votos afirmativos.
La ley establece las siguientes tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”:
Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez: se trata de detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza.
Reserva de identidad: se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia.
Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales: la ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
La normativa busca prevenir violaciones de derechos de los niños y adolescentes, y establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez. Es similar a la “ley Micaela”.
De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la línea 102 recibió en un año más de 45.500 llamadas de todo el país, de las cuales unas 20.300 corresponden a situaciones de violencia contra niñas y niños.
